En los años 90 y principios del 2000 ante ciertos escándalos en el sector de las ONG que afectaron a varias organizaciones, como Manos Unidas con Gescartera, y luego a Anesvad y a Intervida, apareció no solo en España una exigencia creciente de transparencia en estas organizaciones, que llegó al punto de pedir memorias de transparencia y a la aparición de “instituciones vigilantes” de la moralidad como Fundación Lealtad, organizaciones vivamente promovidas y apoyadas por diferentes actores, algunos de moralidad ligera en sus negocios bursátiles.

Visto lo ocurrido en los últimas semanas entorno a al financiación de partidos, caso Bárcenas junto a la retahíla de escándalos reales o presuntos en Santa Coloma de Gramanet, Sabadell, Palau, ERE’s y Gurtels, no hay duda de que esta situación crea una grave crisis de confianza en muchas instituciones públicas y también privadas, bajo una cierta tutela pública.

Aunque aún sea pronto para sacar concusiones, creo que va a haber un efecto directo en todo el mercado de captación de fondos, en una situación de evidente debilidad en los últimos meses, y que paso a apuntar:

1. Más que reclamar la Ley de Mecenazgo que promueve el Ministro Wert, quizá habría que empezar por exigir una buena Ley de Transparencia. Sé que no soy el primero en pedir empezar por el principio, Javier Martín Cavanna, Director de la Fundación Compromiso Empresarial y Transparencia ya lo solicitó en unas Jornadas sobre financiación de la cultura a finales del 2012.
2. Las donaciones individuales y de empresas necesitan confianza en su uso final, y el entramado directo, indirecto y/o oblicuo de muchas fundaciones con el sector público no lo va a hacer fácil. Las fórmulas de financiación de fundaciones en sectores como la cultura, la universidad, la investigación o el patrimonio cultural, se pueden ver resentidas por la presencia en sus órganos de Gobierno de representantes del sector público.
3. Quizá es el momento de empezar también a redefinir los patronatos de estas organizaciones con expertos designados por las administraciones, un modelo más claro que el actual. Ya sería un avance.
4. La financiación de los partidos políticos está en el eje de la mayoría de estos escándalos; quizá hay que replantearse un modelo de financiación de los partidos basado en pedir créditos a los bancos / cajas y no devolverlos o en las comisiones de obra pública, cuyo precio las empresas adjudicatarias vienen revisando al alza ante la satisfacción de las administraciones.
5. Para acabar confio en que ya haya cola de promotores de una nueva Fundación Lealtad que vigile la transparencia de los partidos, las adjudicaciones de obras y concesiones a 50 años, y de las propias fundaciones del sector público.

Bromas aparte ahí habría que pedir un papel más activo de Transparencia Internacional, con un perfil muy bajo con la que está cayendo.