Hace unos 4 años, hacia 2008, publiqué en número 10 de la Revista del Tercer Sector de la Fundación Luis Vives esta reseña sobre “Servicios Públicos y tercer sector Social: retórica y realidad”, que me sigue pareciendo interesante en tiempos de innovación y emprendimiento social galopante. Lo reproduzco literalmente sin ninguna modificación, pero nos muestra que en algunos países las comisiones de los Parlamentarias son muy útiles.

“La claridad, profundidad del análisis y visión estratégica de este informe sobre “Servicios Públicos y tercer sector Social: retórica y realidad” del parlamento inglés que analiza la implicación del tercer sector social en la gestión de servicios públicos, merece que sea recomendado como un modelo de informe a seguir. Hay que destacar como un valor añadido la imparcialidad e independencia de criterio del informe en la medida que no nace de una Comisión específica sobre el tercer sector social, que siempre presenta riesgos de limitaciones de análisis y perspectiva, sino de una Comisión orientada a analizar los cambios e impactos de la reforma de los servicios públicos iniciada en los años 90 en Gran Bretaña en la que a priori se reservó un papel significativo al tercer sector social.

El interés del informe en España y en el momento actual, es especialmente significativo en la medida en que nos encontramos en medio de un proceso, no siempre planificado adecuadamente, en el que la gestión externa de determinados servicios sociales es un camino sin retorno. Al mismo tiempo las propias organizaciones del tercer sector se enfrentan a un cambio de modelo en la financiación pública desde la subvención de actividades a la contratación de los servicios en pie de igualdad con el sector privado lucrativo.

El informe puede obtenerse aquí. A lo largo de esta reseña, cuyo guión seguirá el orden establecido en el informe original, vamos a dar cuenta de sus aspectos más destacados, relacionando su contenido con la situación del tercer sector en España y su relación con el sector público.

El entorno: la visión del Gobierno y la reforma de los servicios públicos

El informe en cuestión analiza las consecuencias de las políticas de reforma del sector público iniciada en la segunda mitad de los años 90 por el Gobierno de Toni Blair. El eje de dicha reforma, que fue polémica en algunas de sus propuestas más crudas como la gestión privada del sistema de prisiones, consistió en la externalización de la prestación de servicios públicos, bien mediante agencias públicas, empresas y organizaciones del tercer sector, en condiciones de competencia entre todas las partes.

Todo el proceso de transformación del modelo de gestión de servicios públicos estuvo planificado de manera detallada para cada uno de los posibles agentes: así el papel del tercer sector como operador potencial de servicios sociales públicos estuvo acompañado de un conjunto de medidas para hacerlo competitivo como tendremos oportunidad de analizar en el apartado 3.

Con el objetivo de analizar y evaluar la reforma de los servicios públicos este informe analiza si el rol asignado inicialmente en la reforma al tercer sector se está cumpliendo, los criterios de calidad en la gestión por el tercer sector, los retos de futuro y las propuestas a corto y medio plazo.

Hay que destacar que la reforma propuesta y el propio informe sitúan al usuario del servicio como eje de toda la reforma de los servicios públicos, de manera que es indiferente quién sea el proveedor, siempre que se consiga el objetivo y los resultados previstos para bien del usuario. Como veremos ahí radica parte del problema.

Finalmente hay que señalar que los ámbitos de actuación de la reforma de los servicios públicos que afectan al tercer sector social comprenden los servicios socio-sanitarios y sociales para mayores, servicios de atención a la infancia, servicios de atención a minorías y personas en riesgo de exclusión, servicios de atención a personas con discapacidad y servicios de empleo.

El valor añadido del tercer sector social

Sin duda, la reforma de los servicios públicos en Gran Bretaña hacía un reconocimiento explicito de las virtudes del tercer sector como operador de servicios sociales basándose en el valor añadido que aporta en la prestación de dichos servicios.

Este valor añadido se traduce en el informe en los aspectos siguientes:

1. Una fuerte focalización en las necesidades del usuario de los servicios.
2. El conocimiento y la experiencia para atender necesidades personales complejas y manejar entornos sociales difíciles.
3. La generación de capital social en la medida que las soluciones que implementa se producen con la participación de la comunidad.
4. Una mayor capacidad para la prestación de servicios complementarios al contratado y mayor eficacia por la capacidad de coordinarse con todos los recursos especializados de su entorno directo.
5. La generación de mayor confianza en el acceso a sus servicios de determinados colectivos frente a la provisión pública.
6. La experiencia y la capacidad de innovar.

Sin duda, el aspecto más polémico del informe de la Comisión es que, si bien se hace un reconocimiento explícito de los valores diferenciales del tercer sector social, también se afirma de manera contundente que no se han aportado pruebas fehacientes del impacto de este valor añadido en la atención al usuario del servicio, a la vez que plantea dudas de que estos valores sean exclusivos de las organizaciones del tercer sector frente a la empresa.

De ahí el título del informe: retórica o realidad, en la medida en que los discursos de valores diferenciales del tercer sector y su impacto en la creación de capital social y una atención más completa al usuario, están más cerca de la retórica que de la realidad contrastada.

La propia Comisión viene a ponerle la solución al dilema al proponer la creación de un fondo de 15M€ en el periodo 2008-11 para investigar, prioritariamente, el impacto social del tercer sector en la prestación de los servicios.

Los estudios realizados en torno al concepto del SROI,retorno social de la inversión, que se han venido desarrollando en los últimos años aún no han arrojado resultados concluyentes, que quizá esta nueva iniciativa y presupuesto ayuden a concretar.

Las medidas para competir en condiciones de igualdad con el sector lucrativo

El rol del tercer sector social en la provisión de servicios públicos estuvo precedido de un detallado análisis de sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, que derivaron en un plan de acción para capacitar al tercer sector y hacerlo competitivo en los concursos de gestión de servicios públicos.

Las estrategias desarrolladas por el Gobierno de Gran Bretaña se han concretado en tres grandes herramientas: el cambio en los procesos de contratación, Futurebuilders y Compact.

En primer lugar el Gobierno modificó los criterios de contratación de manera que se alargaron los contractos anuales de servicios por contratos a medio plazo de 3 a 7 años, como primera medida para consolidar el sector y fomentar la asunción de riesgos.

Por otra parte, frente al modelo de subvención parcial de los costes de determinados servicios, el nuevo modelo de contratación parte de la necesidad de que la administración financie el coste real de los servicios, como que las entidades del tercer sector concursen y apliquen sistemas de cálculo de sus costes reales, sin incurrir en costes ocultos que luego fueran financiados mediante el trabajo voluntario o las aportaciones de donaciones. Todo un reto en aras de la igualdad ante la competencia.

Finalmente, la tercera barrera del tercer sector frente a la empresa es la capacidad del tercer sector de acceso al capital y, por tanto, a la capacidad de invertir y asumir riesgos que requiere la gestión de servicios públicos a gran escala.

A lo largo de los últimos 8 años el Gobierno de Gran Bretaña ha establecido 2 herramientas de apoyo al tercer sector con presupuestos específicos superiores a los 30M€: Futurebuilders y Compact. Ambas herramientas tienen como objetivo financiar la capacidad de crecimiento del tercer sector mediante planes estratégicos, análisis de costes, estudios de mercado y “joint ventures” entre organizaciones del sector.

Por otra parte, Compact establece un conjunto de medidas financieras para facilitar el acceso al mercado financiero en condiciones de igualdad y seguridad, ya que las fundaciones tienen el patrimonio protegido y adscrito a un fin social que no ofrece garantías suficientes en el mercado financiero.

Hacia una contratación de servicios inteligente

El informe de la Comisión pone énfasis abiertamente en la necesidad de mejorar aquellos recursos humanos de la administración pública que intervienen en los procesos de diseño de los servicios a contratar, ahora insuficientemente cualificados y sin recursos suficientes.

El informe incide en la necesidad de que esta mejora se produzca específicamente en la fase de diseño del servicio ya que es en este momento en que se definen claramente los objetivos y resultados a conseguir, frente a la tendencia actual de incidir en la fase de seguimiento y evaluación de los resultados. Si los recursos de evaluación se dedican a analizar unos resultados que no han estado definidos adecuadamente, los resultados serán necesariamente ineficientes, sean evaluados o no.

En este sentido, el informe destaca la propia ineficacia de las cláusulas sociales en la contratación como instrumento para mejorar las oportunidades del tercer sector en la contratación pública: así se defiende que sea la fase de diseño del servicio dónde se fijen los objetivos y resultados previstos, incluyendo cuando sea necesario para el usuario final los resultados indirectos u ocultos del tercer sector como los derivados de la generación de capital social.

Como ya hemos señalado, este enfoque requiere de un mejor conocimiento y medida de los resultados indirectos que generan el valor añadido del tercer sector y su impacto en el usuario del servicio.

onclusiones

El informe ofrece una visión envidiable y precisa del impacto de la reforma de los servicios públicos en el tercer sector, con una visión y perspectiva estratégica, a corto y medio plazo.

Su presentación ha estado rodeada de cierta polémica en el Reino Unido, donde el tercer sector ha contestado duramente al informe: otras evaluaciones más cuantitativas reflejan que ha habido un esfuerzo de integración y fusiones de organizaciones del tercer sector que ha propiciado el acceso a grandes contratos de servicios, pero que al mismo tiempo ha creado barreras a la contratación entre las organizaciones pequeñas y de carácter voluntario. Hay quién reclama que determinados contratos de pequeño volumen en comunidades locales se adjudiquen directamente a entidades del tercer sector.

Comparando este informe con la situación en España, se echa de menos una estrategia estatal a corto y medio para el tercer sector social: esta ausencia se produce en un momento de crecimiento de los recursos públicos derivados de la Ley de la Dependencia y de nuevas leyes de servicios sociales, sin que haya habido una estrategia definida para el que es uno de los principales operadores del sistema, el tercer sector social.