Las propuestas y contrapropuestas de la semana pasada entorno al aplazamiento del pago de las plazas concertadas de la Generalitat para entidades y empresas que prestan servicios a mayores, personas con discapacidad, enfermedad mental y adicciones, ha puesto encima la mesa algunas realidades que vienen a confirmar aquello que siempre se ha intuido.

• Primero, si no entra dinero en la caja no puede salir. esta es la realidad a la que se enfrentan las administraciones hoy día. Lo que sí que es preocupante es que este aplazamiento suponían total de alrededor de 20 a 30 M€: muy mal debe estar la caja de la Generalitat para que se acudiera a este gasto.
• Segundo, las entidades sociales han clamado al cielo ante los recortes, aduciendo que no tenían tesorería. Así hemos confirmado lo que ya también sabíamos, la debilidad financiera de las entidades sociales que al carecer de recursos propios y de otras fuentes de ingresos tienen su futuro en manos del gobierno y las prestaciones y conciertos de ésta.
• Si sumamos ambos factores el panorama es inquietante: se podía asumir la debilidad financiera del tercer sector, que siempre planteó su futuro en términos de alguien pagará al final, pero el último pagador, la administración, empieza a ofrecer rasgos de que su tesorería está en condiciones iguales.

Así estamos y este es sólo el primer round de los que que quedan por venir.