La semana pasada tuvimos la oportunidad de ver en el Congreso de los Diputados una primera discusión sobre por dónde van los tiros en la propuesta de ley de deducciones fiscales y mecenazgo. A lo largo de la sesión aparecieron algunas perlas parlamentarias que vale la pena recoger, quizá para asombro de algunos, pero que reflejan el estado de la nación y del Parlamento.

Vamos por partes.

• El PP se adelantó al Gobierno, que tiene en su agenda legislativa para el 2011, con una propuesta de modificación de la ley de deducciones fiscales por donaciones y mecenazgo. La propuesta del PP era ambiciosa ya que situaba las deducciones más allá del nivel de la legislación francesa; el 60% de deducciones en las aportaciones de empresas y 66% en las aportaciones de donantes individuales. La generosidad, alegría y el “ancha es Castilla” del PP les llevó a proponer un aumento de las deducciones hasta el 70%.
• La propuesta, sin embargo, tenía un grave problema de fondo en la medida en que las deducciones sólo eran de aplicación en el ámbito del arte, olvidando el núcleo duro de las donaciones y el mecenazgo: el ámbito social, la cooperación internacional, la educación, el medio ambiente, la cultura y la tan necesitada investigación.
• Con este argumento fue rechazada, a la espera de la propuesta del PSOE que parece será más amplia en cuanto a las actividades objeto de donaciones y mecenazgo y con derecho a deducción, pero parece que mucho más cicatera en cuanto a las cantidades deducibles.

A partir de esta primera puesta en escena parlamentaria, me parece necesario puntualizar algunos aspectos clave. Para aquellos de lectura rápida o transversal, me he permitido señalar en negrita las ideas clave.

1. El aumento de las deducciones fiscales por donaciones de personas y empresas, es a dia de hoy una opción estratégica, no un acto graciable, ante la fuerte caída de la financiación pública y privada, en todos sus niveles y estratos, de las actividades de interés general de las fundaciones, sometidas ahora a fuertes tensiones de liquidez y riesgos de supervivencia.
2. Desde los años 80, hay una cultura de resistencia y actitud hostil del Ministerio de Economía hacia las fundaciones, como potencial mecanismo de evasión fiscal, que ha tenido como objetivo explícito controlar las fundaciones de unas 25 grandes fortunas españolas y sus fundaciones, y de unas 10 fundaciones de empresa.
3. Cualquier persona que lea la prensa, sabe que la evasión fiscal está en las SICAV y en los paraísos fiscales. Lo que puedan suponer las fundaciones privadas como mecanismo de evasión, dudo que llegue al 0,1% de los otros vehículos de evasión. Si algún experto tiene más información al respecto la agradeceré e incoporaré.
4. Quizá ignoran los señores diputados que más del 97% de los ingresos privados de las fundaciones que se dedican a captar fondos (por ejemplo las de cooperación al desarrollo) proceden de los más de 2 millones de personas de clase media y media baja, con importes medios de unos 100€ al año, y que sólo el 3% corresponde a aportaciones de empresas.
5. Por tanto, el beneficiario real de cualquier aumento de las deducciones fiscales van a ser primero los ciudadanos y después las fundaciones que reciben sus donaciones: no van a ser las empresas, y de serlo Hacienda dispone de otros mecanismos de inspección más finos y de bisturí para supervisar a las “peligrosas” grandes fundaciones patrimoniales y de las empresas.
6. El impacto en la recaudación de las deducciones fiscales aparece nuevamente como un argumento de peso. Se obvia que lo que deja de ingresar el estado va a la propia sociedad civil, que escoge qué financia y a quién financia. Quizá ahí está el problema de fondo, al estado le gustaría poder seguir decidiendo a quién financia con subvenciones.
7. Merecería la pena hacer un análisis del retorno social de las deducciones fiscales para la propia sociedad en bienes y servicios, antes de dar por hecho que “el Estado no está en condiciones de reducir su capacidad de recaudación”.
8. Quizá el problema de fondo sea otro: la sociedad civil ha crecido en los últimos 30 años gracias las subvenciones públicas, lo que ha permitido a las administraciones ejercer y disponer de potentes mecanismos de control e influencia sobre las fundaciones. El crecimiento de cierto tipo de fundaciones, promovido por el propio sector público, ha sido irracional y minifundista: el sector va a tener que soportar una rápida de reestructuración y limpieza a corto plazo.
9. Al mismo tiempo se ha creado en las propias fundaciones una cultura de dependencia pública en la que se ha sentido cómoda, le ha requerido poco esfuerzo para financiarse y crecer, le ha exigido poca transparencia y resultados, a la vez que también les ha dado ciertos réditos políticos. Todo esto ha llegado a su fin, al menos a medio plazo: muchas de estas fundaciones ahora están pagando cara esta cultura de la dependencia.
10. El mundo y España ha cambiado a enorme velocidad; quizá lo que refleja la actitud de nuestros parlamentarios es el miedo a una sociedad civil madura, independiente y libre del control político, en el que la política y los partidos políticos pierden espacios que no les correspondían. Cierto es que la sociedad civil española ha sido históricamente muy débil comparada con otras sociedades europeas y que el estado hasta ahora, ha suplido esta deficiencia.

Alguien debería hacer ver a los señores Diputados que la sociedad española del siglo XXI quizá ofrece más rasgos de madurez de la que aparentan sus propios parlamentarios. Hay un cambio de paradigma en la sociedad, mientras Partidos y Parlamento sigue pensando y actuando con el marco lógico anterior.

Ha llegado el momento de que una sociedad civil más fuerte e independiente que ocupe el lugar que le corresponde en nuestra sociedad; un aumento de las deducciones fiscales de manera generosa es una estrategia necesaria de país, no del sector de las fundaciones.

¿O quizá prefieren que la sociedad civil muera de inanición?